Piden que sus maridos, condenados por delitos de lesa humanidad, recuperen la libertad y los llaman "presos políticos".
Las mujeres de los militares de la dictadura condenados por delitos de lesa humanidad estuvieron presentes el sábado en la inauguración de La Rural acompañando el acto que encabezó el presidente Mauricio Macri.
Una de las líderes de este grupo es la abogada Andrea Palomas Alarcón, miembro de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia que reúne a familiares de represores de la dictadura presos y/o muertos.
Alarcón es empresaria y fue parte de "Felices los niños", la polémica fundación de Julio César Grassi que derivó en una causa por abuso de menores. A ella siempre la acompaña Ana Delia Maggi, esposa del represor Ernesto "Nabo" Barreiro, el ex militar que aseguró conocer el destino de 25 desaparecidos.
Ellas asisten desde la asunción de Macri a los lugares donde se desarrollen actividades por los Derechos Humanos para hacer lobby por sus maridos presos. Y presionan tanto al Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, como a Mariano Fridman, responsable del programa "Memoria, Verdad y Justicia" del Gobierno nacional
Alarcón en uno de sus posteos en Facebook lanza una teoría repudiable: "Pobre país en el que los jueces coimeros, "militantes" de la mentira de los 30.000 son los que imparten "justicia" y tienen como rehenes a ancianos indefensos en venganza porque no pudieron implantar un estado totalitario comunista".
Desde que asumió Mauricio Macri como Presidente ya son 50 los condenados por participar en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar que lograron salir de la prisión para cumplir con su condena desde el confort de su casa.