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jueves, 16 de junio de 2016

Nuevos jueces en la corte suprema ¿Quiénes son?

La propuesta del Ejecutivo tuvo amplio acuerdo en la Cámara Alta y el máximo tribunal de la Justicia argentina completó así su nómina. Desde diciembre había solo tres jueces.


Con 60 votos a favor y diez en contra para Rosatti y 58 apoyos y doce rechazos para Rosenkrantz, el gobierno de Mauricio Macri concretó así una historia que comenzó en diciembre cuando intentó nombrarlos como integrantes de la Suprema Corte de Justicia mediante un decreto.

Luego de recoger rechazos de buena parte de la oposición y el Poder Judicial por la metodología –que fue considerada inconstitucional por expertos juristas-, el gobierno finalmente envió al Senado de la Nación la propuesta de nombres.

Desde la Comisión de Acuerdos, el salteño Rodolfo Urtubey, quien la preside, fue el encargado de abrir la discusión en la Cámara este miércoles. El senador por el Frente para la Victoria expresó que el Senado estaba “realizando un acto de gobierno y ejerciendo una facultad institucional de máxima importancia”. “Se trata de un acto de cogobierno”, afirmó

También remarcó el “error inicial” de Mauricio Macri de designar a Rosatti y a Rosenkrantz por decreto de necesidad y urgencia, lo que caracterizó como una “aberración inconcebible”. “Estos candidatos son buenos porque no son del gobierno ni tampoco nuestros”, agregó el hermano del gobernador Juan Manuel Urtubey.

El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, por su parte, afirmó: “Hoy hay un fuerte compromiso del peronismo con lo institucional”. “Este es un aporte a las instituciones. Esta Corte, con tres miembros, no puede seguir funcionando”, opinó y destacó que ambos postulantes tienen “calidad como intelectuales y trayectoria” y que “cumplen con los requisitos de idoneidad y calidad que deben tener los jueces de la Corte”.

Adolfo Rodríguez Saá, por otro lado, evaluó que el Senado estaba “dando un paso imprescindible” e insistió, como otros, en que la Corte debía ampliarse y respetarse la representatividad por género y región.

Entre quienes votaron en contra de ambos candidatos se encuentran Ana Almirón (Corrientes), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Marcelo Fuentes (Neuquén), Virginia García (Santa Cruz), Nancy González (Chubut), María Labado (Santa Cruz), Marilín Sacnum (Santa Fe) y María Pilatti Vergara (Chaco), del FPV; y el representante de Proyecto Sur, Fernando Solanas.

El representante de GEN, Jaime Linares votó en contra de Rosatti; mientras que Hilda Aguirre, Carlos Menem y Marina Riofrío votaron contra el pliego de Rosenkrantz.

Entre las críticas a los ahora integrantes de la Corte pesó muy fuerte el hecho de que aceptaran ser nombrados por decreto, lo que ponía en cuestión su capacidad de interpretación de la Constitución Nacional como magistrados.

“¿Qué criterio puede tener un juez que convalida una decisión irregular por el simple hecho de verse personalmente beneficiado?”, se preguntaba Federico Dalponte en Notas en febrero de este año. Inquiría además por la categoría de “prestigio” utilizada acerca de ambos juristas y si este surgía de su recorrido académico y profesional excelso, o si se trataba de grupos de poder intentando colocar a sus defensores en el Tribunal máximo.

El abogado y analista recordaba que el estudio jurídico de Rozenkrantz fue el que representó al Grupo Clarín en su litigio contra la Ley de Medios. El estudio «Bouzat, Rosenkrantz y asociados» declara que “se especializa en el asesoramiento jurídico de empresas”, razón por la que cuenta con clientes como Cablevisión, América TV, Carbap, McDonald´s, Claro y Pan American Energy.

También que Rosatti fue apoyado, además de por el propio gobierno nacional, por el Arzobispado de Santa Fe. Además de ser docente en las aulas de la Universidad Católica de esa provincia, el juez se expresó en contra del fallo “F.A.L” de la Corte Suprema que aclaraba la legalidad del aborto en casos de violación o peligro de salud o vida de la mujer gestante. Y, a tono con el reciente fallo de limitación del derecho a huelga, considera que este es sólo es potestad de los sindicatos formalmente constituidos y que son “constitucionalmente discutibles” las llamadas huelgas “por solidaridad” y las huelgas “políticas o sociales”.

Con el tablero completo, la máxima instancia judicial argentina quedó conformada por Ricardo Lorenzetti (presidente), Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.