El gobierno de Mauricio Macri, a través del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley, comenzó a dar de baja pensiones que cobraban personas con discapacidad.
A partir de este mes, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social decidió aplicar un decreto de 1997 que establece más exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan acceder a una pensión.
Según se informó, se quitó la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluida si es mínima.
También sufrieron la baja de sus pensiones personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familia tenga un ingreso formal de 21.000 pesos.
Esta decisión reflotó el decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con ‘invalidez’.
Ante las denuncias recibidas por parte de distintos sectores de la ciudadanía respecto a las bajas injustificadas de las pensiones no contributivas, el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, envió un pedido de informes a la Anses para que brinde explicaciones sobre los motivos por los que se realizaron los recortes que perjudica a los sectores más vulnerables de la población.