El ejecutivo Nacional avanza por decreto en contra de la Salud Mental del pueblo, decimos: NO.
Desde la “Asociación de Psicólogos de Dolores”, en concordancia con las expresiones del “Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones” (constituido por más de treinta instituciones de la sociedad civil, la academia, el ámbito profesional, las asociaciones gremiales, las organizaciones de derechos humanos y de usuarios y familiares), el “Centro de Estudios Legales y Sociales” (CELS), las más de ochenta entidades vinculadas a la salud mental de todo el país, es decir, en nombre de profesionales, usuarios, y familiares ligados a la salud mental a lo largo y ancho del territorio nacional, nos pronunciamos en contra del Decreto Reglamentario que espera la firma del presidente Macri, y contradice en sus puntos centrales la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, sancionada en 2010.
El pasado 10 de noviembre del año corriente se propuso un nuevo Decreto Reglamentario desde el Ejecutivo Nacional, un Decreto inconsulto que está a la espera de la firma del máximo mandatario, un Decreto realizado a puertas cerradas, con el aval unilateral de la corporación médica, que no sólo opera como obstáculo al alcance de la Ley de Salud Mental, sino que también la contradice en sus más fundamentales principios. El proyecto ejecutivo es antagónico a la norma, y vulnera las instancias creadas de protección a los sujetos con padecimiento psíquico.
Recordemos que en el año 2010 entra en vigencia en nuestro país la Ley 26.657, la Ley de Salud Mental, ¿de qué forma?, como resultado de un largo período de debate parlamentario, fruto de grandes acuerdos, estimada como ley modelo por los organismos internacionales de protección de derechos humanos. La Ley Nacional de Salud Mental fue un giro evolutivo radical en el reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho, y significó la sustitución del manicomio por tratamientos dignos. El proyecto de decreto reglamentario representa un retroceso gravísimo en el respeto de los derechos humanos de este grupo de personas, como también una afronta para los trabajadores de la salud mental en general.
Ahora bien, ¿Cuáles son los principales puntos que estamos denunciando los trabajadores de la salud mental en este proyecto ejecutivo? Son, sintéticamente, algunos de los siguientes:
* Modifica la concepción de la salud mental, y por ende su tratamiento. De considerar al padecimiento mental como “proceso multideterminado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos”, y por ende tratarlo interdisciplinariamente, se pasa a considerarlo desde la óptica médica (biologicista) y tratarlo unilateralmente en consecuencia, de forma prioritaria y excluyente.
* Ubica nuevamente, de forma retrógrada, al manicomio como instancia de tratamiento, es decir, el que padece es “peligroso” (vuelta al criterio de peligrosidad), y por ende se lo encierra y se le cercenan derechos.
* Contradice el modelo de derecho retrocediendo al modelo tutelar. La palabra del profesional o equipo de profesionales tratantes tendrá a priori un valor superior a la del sujeto sufriente, lesionando derechos adquiridos, por ejemplo el derecho a la defensa.
* Cambia la designación de la máxima autoridad del Órgano de Revisión, quitando competencia al Ministerio Público de la Defensa, dado que le otorga un poder absoluto a la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, dependiente del gobierno nacional; en otras palabras: postula formalmente que el mismo ente que desempeña la función de materializar la ley, es quien debe controlar que dicha función se realice de acuerdo a la norma, es decir se debe auto-controlar, lo cual resulta inconveniente, y a su vez ilógico.
En consecuencia, hacemos nuestras las palabras del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, distrito X: “Como agentes de cambio social, comprometidos en la defensa de los Derechos Humanos, exigimos a este gobierno que tanto pregona por el diálogo, que este proyecto se debata en el Congreso Nacional como corresponde en un Estado de Derecho”.
Consideramos que este accionar no sólo atenta contra los valores democráticos sino que apunta a la supresión de la voz de aquellos vulnerables, con dificultades para el ejercicio de su legítima defensa.
A los fines de que no se reinstale el modelo médico hegemónico que redunda en beneficio de laboratorios y clínicas privadas, realizamos el llamamiento a nuestros matriculados, usuarios y efectores de los servicios de Salud Mental como así también, a público en general, a alzar la voz exigiendo que se debata como corresponde en las instituciones democráticas pertinentes la pretendida modificación, ya que LA SALUD MENTAL ES UN DERECHO INALIENABLE DE LOS PUEBLOS”.
Asociación de Psicólogos de Dolores.